Si bien hay muchas más en el Congreso, estas son consideradas prioritarias por la trascendencia que podrían tener en el mediano plazo. Tres se enfocan en temas hídricos, una en suelos y otra en incendios.
Existen diversas mociones parlamentarias que duermen años en el Congreso, algunas nunca ven la luz y otras avanzan a paso lento. Dentro de estas hay una amplia variedad relacionadas con el agro, pero son cinco las que, en este momento, resaltan por el impacto que tendrían, y, además, van mejor encaminadas, según un informe elaborado por una mesa de trabajo de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA).
De ellas, tres se enfocan en el tema hídrico, aunque desde distintas aristas.
Quizá una de las que viene haciendo desde hace un tiempo más ruido es la que propone la modificación al Código de Aguas, para establecer un nuevo margen para la construcción de tranques de uso agrícola, para que pasen de los 50 mil metros cúbicos actuales a 250 mil m3{+,} sin necesidad de solicitar el permiso sectorial a la Dirección General de Aguas. La iniciativa surge de la necesidad de los agricultores de obtener mayor capacidad de almacenamiento de agua, especialmente considerando que cuando llueve el agua se va rápidamente al mar.
La moción fue presentada por el diputado Benjamín Moreno, del Partido Republicano, quien explica que ‘la necesidad de almacenar mayor cantidad de agua se hizo fundamental en estos tiempos de sequía, se creó esta estrategia con mucha evaluación, de hecho, primero se presentó que aumentaran a 500 mil los metros cúbicos, pero con ayuda de expertos se llegó al número ideal’.
Sobre este proyecto, que está en su segundo trámite, a la espera de ser visto por la Comisión de Agricultura del Senado, Antonio Walker, presidente de la SNA, explica que ‘este tema tiene un gran impacto no solo en términos de costos, sino también ambiental. Creemos que un tranque de 50 mil metros cúbicos es realmente pequeño y que su impacto desde el punto de vista de la seguridad es mínimo. Por esta razón, inicialmente propusimos que el límite fuera de un millón de metros cúbicos, pero después de conversaciones, llegamos a un acuerdo para establecerlo en 250 mil metros cúbicos. Actualmente, la ley menciona un límite de 50.000 metros cúbicos debido a preocupaciones de seguridad y medio ambiente. Sin embargo, los avances en tecnología y las necesidades del sector agrícola nos han llevado a replantear este límite’.
Cristián Muñoz, presidente del Instituto Pensar Agro, integrado por Anpros, ChileAlimentos, Fedefruta, Hortach, Viveros de Chile, Afipa, Imppa, Adiac, Chilebio y APEB, reconoce que ‘sería de gran ayuda para el riego y uso racional de los recursos hídricos avanzar con el proyecto de ley que facilita los permisos para la construcción de tranques con capacidad de hasta 250 mil m3 ‘.
Otra moción en el Senado que ayudaría al agro es la del uso de agua de mar para desalinización y que busca que también pueda ser utilizada en producción agroalimentaria, como una forma de aumentar la disponibilidad de recursos hídricos para el sector, y, además, que la construcción de desaladoras sea más ágil, lo que en el sector es considerado crucial, especialmente en las zonas en que el agua es un problema estructural.
Al respecto, el presidente de la SNA explica que ‘es fundamental promover nuevas fuentes de agua. No estamos promoviendo un programa específico, pero es crucial que agilicemos la construcción de desaladoras, ya que no podemos permitirnos que su construcción tome 10 o 12 años. Cuando hablamos de que estas desaladoras deben ser multipropósito, nos referimos a que deben poder destinarse al consumo humano, la agricultura, la minería y otros fines, no solo al consumo humano. Esta es una discusión muy importante, y nos encantaría que las concesiones de estos proyectos dependieran del Ministerio de Obras Públicas, que es el que realmente conoce el tema hídrico. Actualmente, sin embargo, dependen de la Armada. Este proyecto busca agilizar la construcción y reducir la burocracia, lo que permitirá avanzar en la construcción de desaladoras en la Quinta Región y hacia el norte del país. En cuanto al estado de este proyecto, está siendo discutido en el Senado, sin embargo, dada la situación de sequía, considero que es crucial que este proyecto avance rápidamente’.
Finalmente, desde el punto de vista de la institucionalidad del agua, está la moción que propone la creación de una Subsecretaría de Recursos Hídricos, radicada en el Ministerio de Obras Públicas, que agrupe a las cerca de 50 servicios y organismos públicos que tienen injerencia en el tema.
El proyecto fue presentado por el diputado Víctor Pino, del partido Demócratas, quien fue por dos años presidente de la comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, que vio en terreno cómo la multiplicidad y dispersión de organismos y servicios dentro del Estado entorpece un acceso adecuado al agua, especialmente en el ámbito agrícola y rural.
‘En este contexto, es crucial asegurar el acceso al agua en las zonas, como la Región de Coquimbo, donde el 50% de las tierras cultivables han dejado de utilizarse en los últimos 10 años. Aunque hay muchas áreas en las que podríamos hacer mejoras, lo que realmente necesitamos es una institucionalidad robusta. Creo que el Ministerio de Obras Públicas, con la gran cantidad de responsabilidades que tiene, deja de lado uno de los temas más importantes: el recurso hídrico. Y todos sabemos que, sin agua, ninguna actividad productiva puede desarrollarse, ni tampoco se pueden abordar los temas de sanidad’, dice Pino.
Precisamente es el entorpecimiento que implica tener tantas instituciones cumpliendo funciones similares lo que considera clave Víctor Catán, presidente de Fedefruta. ‘Nos encontramos con que en las diferentes ventanillas piden presentar los mismos requisitos y que la capacidad del Estado para responder a estos pedidos está muy limitada. Estamos con un retraso de tres años; de 8.000 solicitudes, solo se atiende un tercio al año. Esto es muy similar a las listas de espera en los hospitales, y esta situación genera irregularidades y variables negativas que afectan tanto el desarrollo rural como a las comunidades mismas’.
Por todo lo anterior, para Walker, desde la SNA, esta iniciativa es fundamental y necesita ser impulsada con fuerza. ‘Es un proyecto de ley que ya está en marcha, y debemos asegurarnos de que se ponga en tabla para su discusión. En la Mesa del Agua del gobierno anterior se trató este tema durante todo el período y hubo un amplio consenso en que Chile necesita una subsecretaría de recursos hídricos. Durante este gobierno también se ha discutido, y hace unos días lo presenté al ministro de Agricultura. Estoy convencido de que debemos empujar este proyecto con mucha fuerza, ya que cuenta con un gran consenso’, recalca.
No sólo agua: Suelo e incendios también.
Dentro de las mociones que no se enfocan en el recurso hídrico, está el proyecto presentado por el ministerio de Agricultura, que propone establecer un sistema de incentivos para la gestión sostenible de suelos agropecuarios (Sigess), con el objetivo de contribuir a la recuperación y conservación de los suelos degradados, estableciendo para incentivar, a través de un modelo establecido, la adopción por parte de los agricultores de prácticas que mejoren y mantengan las propiedades químicas, físicas y biológicas de los suelos agropecuarios. Este proyecto es una reformulación del actual sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios y propone una bonificación para incentivar prácticas específicas en áreas de conservación y mejoramiento de suelos productivos, haciéndose cargo del impacto económico que esto significa para los productores; además de capacitaciones y transferencia tecnológica y fondo comunitario para resolver problemas que afectan a comunidades.
‘La gestión sostenible de los suelos es un aspecto en debate igualmente vital para la conservación de la fertilidad y productividad de nuestras tierras, lo que a su vez impacta directamente en la seguridad alimentaria del país. Actualmente está en el segundo trámite en el Senado, creemos que en esta instancia se le pueden hacer mejoras importantes a dicho proyecto, tanto en la calificación de los profesionales que pueden operar el sistema como en adecuaciones que permitan que el instrumento tenga la mayor cobertura posible en términos de superficie’, menciona Cristián Muñoz, en representación de los integrantes del Instituto Pensar Agro.
De hecho la iniciativa ya fue aprobada en lo general, por unanimidad, en la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural de la Cámara.
Por último, está el proyecto de ley que regula la prevención de incendios forestales y rurales que busca establecer nuevos instrumentos, fortalecer los existentes y reducir el riesgo asociado a que ocurran incendios. Si bien en el sector lo considera esencial, también creen que debe ser mejorado.
‘Hay muchos proyectos de ley que debemos avanzar, y uno de ellos es el sobre incendios rurales. Creemos que la ley de incendios, que actualmente está en el Senado, es muy importante, pero también pensamos que es mejorable. Corma, que es un gremio perteneciente a la Sociedad Nacional de Agricultura, tiene muy claro cómo se puede mejorar este proyecto. Consideramos que esta ley no solo debe abarcar la prevención de incendios, sino también incluir aspectos como el combate y control de los mismos. Además, es crucial que aborde el tema de las penas y la persecución de quienes cometen el delito de incendio’, explica Antonio Walker.
Parecida es la posición de los gremios, en el Instituto Pensar Agro. ‘El proyecto puede ser mejorado con medidas preventivas que permitan desplegar los recursos del Estado en las rutas de acceso a los puntos donde siempre comienzan los incendios cuando se anuncien condiciones climáticas extremas que favorecen la propagación del fuego. Igualmente, creemos que el proyecto debería otorgar facultades investigativas a los tribunales y a las fiscalías, de modo que permitan determinar responsabilidades en los casos de incendios intencionales o negligentes’, dice Muñoz.
Fuente: El Mercurio – Revista del Campo
