La Dirección General de Aguas pondrá en marcha medidas internas en sus equipos y otras administrativas para reducir a cero el stock de casos que tienen demora.
La tramitación de permisos ante la Dirección General de Aguas (DGA) se ha transformado en uno de los ‘dolores de cabeza’ más importantes para quienes impulsan iniciativas o inversiones.
Actualmente, la DGA registra 28.645 expedientes pendientes de gestionar vinculados a los sectores sanitario, agrícola, minero, eléctrico, forestal, acuícola y construcción, entre otros. La mayor parte está relacionada con solicitudes de constitución de nuevos derechos, cambios de puntos de captación de aguas subterráneas, traslados de ejercicio de aguas superficiales o regularización de derechos consuetudinarios sin título inscrito.
Esta situación fue revelada el lunes por representantes del Ministerio de Obras Públicas (MOP), encabezados por el subsecretario Nicolás Balmaceda, en la comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputados. En esa instancia, la cartera expuso un documento donde señaló que la DGA es el segundo ‘mayor cuello de botella permisológico después del Consejo de Monumentos Nacionales’.
El asesor de la DGA, Hipólito Zañartu, sostuvo que esa cantidad de expedientes, ‘sobre todo cuando detrás de cada permiso hay un proyecto paralizado, es inaceptable’.
Zañartu indicó en la comisión que esperan redestinar recursos internos en la DGA para, en los próximos cuatro años, llegar a cero en el stock de expedientes atrasados. Ello, considerando un ingreso anual de 8.800 documentos.
Junto con reestructurar equipos internos, la entidad prevé modernizar plataformas informáticas, eliminar duplicidad de requerimientos y tener una trazabilidad efectiva de expedientes.
En los últimos cuatro años, una solicitud de cambio de punto de captación de aguas subterráneas demoró en promedio 26 meses, en comparación con los 12 meses que tardaba entre 2006 y 2022.
Los motivos
Sobre las razones del retraso, la DGA indicó a ‘El Mercurio’ que, por un lado, está ‘el exceso de ‘permisología’ y ‘tramitología’ vía reformas legales que se han ido agregando progresivamente a la gestión pública y a las solicitudes que deben tramitar los privados ante la administración’. A esto se añade ‘la decisión política y de gestión de autoridades anteriores de haber priorizado presupuesto y fuerza de trabajo en otras áreas del quehacer de la DGA, distintas a la de resolución de expedientes’.
En la DGA aseguraron que la última administración resolvió cerca del 60% del número total de expedientes ingresados en esos cuatro años. ‘Fue un período que no ayudó a rebajar ni el stock histórico ni los expedientes propios que le ingresaron, aumentando considerablemente la mochila de pendientes que carga la DGA’, dijo.
Rodrigo Weisner, ex director general de Aguas (DGA) y abogado socio del estudio Puga Ortiz, explicó que, tras la reforma al Código de Aguas de 2022 (Ley 21.435), a la DGA se le agregaron nuevas obligaciones y se establecieron nuevos trámites ante el organismo que no eran necesarios. A la vez, señaló que se ‘relajaron’ metas por funcionario para resolver expedientes.
Weisner estimó que ‘es imposible reducir a cero el stock’ de expedientes en la DGA, porque siempre entran nuevos casos, pero sostuvo que si estos disminuyen de los 28.000 actuales a 8.000, ‘sería un éxito’. Advirtió, de todos modos, que existe un déficit de recursos por recortes presupuestarios.
Visión de las empresas
En el rubro empresarial calificaron de forma positiva la intención de la DGA. Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), comentó que ‘el sector agrícola necesita realizar gestiones con el agua, con el objeto de transformarla en alimentos, y es fundamental recibir respuestas ágiles por parte de la autoridad, coherentes con un desarrollo productivo sustentable. Es muy perjudicial que un cambio de punto de captación para ejercer un derecho de aprovechamiento legalmente constituido deje paralizada una inversión agrícola por dos años, que es lo que está ocurriendo’.
Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, manifestó que ‘en un contexto en que el país enfrenta una cartera de inversiones relevante y una oportunidad de crecimiento asociada a la transición energética, mejorar la eficiencia en la tramitación de permisos resulta clave para materializar proyectos en tiempo y forma’.
Rafael Palacios, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (Acades), afirmó que ‘la DGA es uno de los actores clave en la obtención de permisos de proyectos de desalación’. Añadió que los vistos buenos asociados a estas iniciativas tardan en ser obtenidos, ‘lo que no siempre es proporcional a la envergadura de las obras sometidas a autorización’.
Para Camilo Charme, director ejecutivo de Generadoras de Chile, ‘la tramitación asociada a la DGA puede incidir en los plazos de desarrollo, adecuación o continuidad de obras e infraestructura vinculadas al recurso hídrico y obras complementarias a los proyectos de energías renovables. Cuando estos procesos se prolongan más allá de lo razonable, se afecta la planificación, se introduce incertidumbre y aumenta el riesgo en la inversión que, por su naturaleza, es de largo plazo’.
– ‘Nos parece fundamental que la DGA se proponga metas ambiciosas, pero muy necesarias, como llevar a cero los trámites pendientes’. Antonio Walker Presidente de la SNA
– ‘Mayor certeza a la tramitación es una señal relevante para fortalecer la capacidad de gestión del Estado y dar mayor previsibilidad a iniciativas de inversión’. Camilo Charme Director Ejecutivo de Generadoras de Chile
– ‘Abordar estos cuellos de botella, manteniendo altos estándares ambientales y sociales, es fundamental para recuperar competitividad’. Joaquín Villarino Presidente ejecutivo del Consejo Minero
– ‘La medida apunta en la dirección correcta. (…) La DGA es uno de los actores clave en la obtención de permisos de proyectos de desalación’. Rafael Palacios Director ejecutivo de Acades
– ‘Si se reducen en cuatro años de 28.000 a 8.000 los expedientes, sería un éxito. El problema son los recursos y tras el recorte presupuestario es difícil’. Rodrigo Weisner Exdirector general de Aguas
