El informe señala que el costo de no invertir esos recursos implicaría pérdidas por unos US$ 207.000 millones en menor producción agrícola, industrial y turística, entre otros.
Para que Chile alcance la seguridad hídrica, el país debería invertir US$ 95.492 millones en un período de 30 años. Esto, con foco en el resguardo de las personas, actividades productivas, ecosistemas para enfrentar eventos extremos y de contaminación, además de potenciar la gestión institucional y gobernanza.
Así lo plantea un estudio de la consultora Awua, trabajo liderado por el consultor sénior de esa firma, Claudio Reyes. El informe señala que se debería casi duplicar la inversión pública y privada anual en seguridad hídrica, transitando de los actuales US$ 1.766 millones (0,56% del PIB) a US$ 3.183 millones (1% del PIB).
Reyes cuenta que este análisis lo realizó en colaboración con otros profesionales: Eugenio Celedón (Hidrogestión), Gabriel Caldes, María Yalena Chávez, Federico Errázuriz (Centro del Agua de la Universidad San Sebastián), Mauricio Lorca y Mauricio Lillo.
Los focos
En seguridad hídrica orientada a las personas, el total requerido asciende a US$ 47.660 millones, de los cuales US$ 14.490 millones son para redes de agua potable urbanas, principalmente en su mantención y en soluciones basadas en fuentes naturales. Se agrega el aumento de las redes de agua potable rural (US$ 1.100 millones) y la mantención de estas (US$ 15.000 millones). Ello, junto a futuras conexiones de viviendas a redes públicas de agua, aumento de la cobertura del tratamiento de aguas servidas, entre otros.
Para actividades productivas —US$ 29.738 millones— destacan la implementación de nuevas fuentes de agua, como desalación, embalses, gestión de acuíferos e inversiones en agricultura familiar campesina. Asimismo, para enfrentar eventos extremos —US$ 10.000 millones— se plantea el manejo de cauces, control de aluviones e infraestructura resiliente de carreteras y puentes. Ello, junto a sistemas de alerta temprana y seguros agrícolas.
En gestión institucional y gobernanza se consideran mejoras a la red hidrométrica nacional y un observatorio del agua. También, 16 secretarías técnicas a nivel regional. En tanto, en seguridad para los ecosistemas se menciona un plan nacional de restauración de suelo y protección de humedales y sistemas marinos.
Brecha actual
De los US$ 95.492 millones, US$ 30.000 millones serían para cubrir la brecha hídrica que existe y alcanzar un balance hídrico. Esto incluye avanzar en desalación, nuevos embalses, reúso de agua, gestión de acuíferos y eficiencia.
Al respecto, Claudio Reyes explica que ‘el ejercicio considera una demanda agregada de 17.000 millones de m3 en 30 años, y desde ese monto se plantea una brecha —menor disponibilidad— de hasta 7.000 millones de m3, lo que equivale al 40% de la demanda total. El cálculo se realizó para llegar a déficit cero, que no falte el agua’.
Asimismo, el estudio señala que el costo de no invertir los más de US$ 95.000 millones en seguridad hídrica en 30 años, implicaría pérdidas por US$ 207.383 millones. Reyes explicó que, ‘en concreto, sería menor producción agrícola, industrial, turística, entre otros’.
Respecto de qué autoridad debería dirigir un plan de esta magnitud, Reyes señaló que ‘parte de la inversión debe ser liderada desde el gobierno nacional, pero buena parte debiera gestionarse desde los gobiernos regionales, desde el nivel de cuenca y también a nivel comunal’.
Gabriel Caldes, consultor y miembro del comité de infraestructura hídrica del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), señaló que ‘la permisología es un problema no menor en las inversiones hídricas, no se trata de saltarse las normas, pero es necesario determinar aquellos permisos que efectivamente cumplen una función importante y la tecnología actual puede ayudar mucho’. Añadió que ‘los tiempos de revisión de los proyectos por la autoridad también deben ser revisados’.
Fuente: portal.nexnews.cl / El Mercurio
